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Un socio presentó en Tribunales un requerimiento legal de investigación sobre la dirigencia, por presuntas irregularidades sobre la venta del futbolista a Rusia y por no conformarse con la respuesta oficial sobre una serie de puntos consultados.  Fuego cruzado.

Por Federico Jelic

Belgrano se volvió judicial en estos últimos tiempos. Después de una larga y merecida tranquilidad, apareció una disruptiva posición política opositora, que busca hacerse escuchar a pura denuncia penal. Y a pesar de que en este caso la aparición se hizo a modo personal por parte de un socio, difícil es no vincular dicha situación con una acción netamente política. La cuestión es que hay descontento en algunos sectores no afines al oficialismo con relación al armado del plantel y con algunas negociaciones, que fueron objeto de cuestionamientos que llegaron a tener índole legal en Tribunales.

Desde temprano la noticia llegó cuando se conoció que en la Fiscalía a cargo de Rubén Caro, Distrito 1 Punto 4, se hizo lugar a una denuncia penal en contra de la dirigencia de Belgrano. El eje de la problemática tiene lugar con presuntas irregularidades sobre la venta de Emiliano Rigoni, de Independiente a Zenit de Rusia. Los montos que percibió el club de Alberdi como propietario de la mitad de los derechos económicos es el motivo de este requerimiento procesal, aunque previamente hay una historia. Y esta vez, al menos en escena, no figura Santiago Montoya, contrincante ideológico a la gestión de Armando Pérez que hoy conduce Jorge Franceschi.

La denuncia

Se llama Godofredo Federico Lazcano Colodrero el socio de Belgrano que protagonizó la demanda legal contra el club y su dirigencia actual. La razón tiene que ver con un supuesto faltante de ingreso de acuerdo a la venta de Rigoni al fútbol ruso. Desde la cúpula directiva manifestaron que ingresaron a las arcas del club la suma de 2.100.000 dólares por la operación, conforme a lo firmado por la mitad de los derechos económicos, aunque según la óptica a del denunciante, la cifra debería ser mayor.

Es que enfatizan que desde los medios de comunicación e incluso desde Rusia, la operación supera la cifra de 10 millones de euros, incluso deducidos impuestos y demás comisiones, el monto que debería haber percibido la entidad “Pirata” tendría que ser superior a lo declarado oficialmente.

El abogado Federico Lazcano entiende que la transferencia se hizo entre “ocho millones de dólares a trece millones de euros”. “Sea cual fuere la cifra definitiva, recibir 2,1 millones de dólares no llega al 50%. Por eso se pide a la autoridad que investigue dónde está la diferencia”, añadió. ¿Tantos descuentos hubo en esa venta?

Villella responde

Solo el vice Sergio Villela tuvo algunas expresiones al respecto, porque el resto de la dirigencia mantuvo el silencio como herramienta prudente. “Esto duele muchísimos porque trabajamos con honestidad. Si tanto te caliente (sic) Belgrano vení, preguntá, es tu club. A modo personal, como Sergio Villella me duele, pongo muchas horas de trabajo y me parece injusto esta denuncia”.

No hizo referencias al tema ni Armando Pérez ni Franceschi. Ni algún asesor letrado. Ni nadie.

Oposición a escena

Semanas atrás, encabezados por Santiago Montoya, un grupo de socios del cuál formaba parte Lazcano Colodrero (autor de la denuncia por el tema Rigoni), presentaron un escrito en la sede del club intimando a la dirigencia a que brindara precisiones con relación a una serie de puntos, entre las cuales figuraba el caso Rigoni. Pero también hacían foco con relación al área de captación de refuerzos, los criterios e injerencia real del manager Juan Carlos Olave y el asistente Gastón Turús, además de consultar si la nueva función del ex presidente Pérez (director ejecutivo) es rentada o “ad honorem”. Vale aclarar que el resto de los firmantes de esa solicitud eran Jorge Massimino, Daniel Santolini (candidato a vice de Montoya en las pasadas elecciones) y Daniel Gattas.

Otro tema que apuntaban era saber si había en la dirigencia cargos rentados o profesionales que cobraban sueldo, con la consulta agregada del gasto estimativo presupuestario y también la inversión en los refuerzos. En su momento hasta se pretendió saber montos de contratos de futbolistas, acción que no fue permitida para hacerla pública.

La respuesta de la dirigencia existió, de manera escueta, suscinta y clara: Pérez no es empleado de Belgrano y sus funciones son compatibles en el funcionamiento diario. De todas maneras, evidentemente, estas contestaciones no conformaron del todo.

¿Cómo sigue la historia?

La oposición recrudece su discurso. Y a su vez, está claro que Lazcano Colodrero, a pesar de haber operado de manera personal, seguramente contará con la anuencia de Montoya en cada acción. No son tiempos proselitistas ni mucho menos. Las elecciones ya pasaron. ¿Oportunistas? El momento deportivo del club muestra brotes y síntomas de recuperación. ¿Qué motiva entonces a estos socios a plantear estas discusiones legales? ¿Qué dudas hay sobre el caso Rigoni, tan polémico en estos últimos tiempos?

“No vamos a esperar a irnos a la B para empezar a alertas de situaciones que nos disgustan con relación al equipo y los refuerzos”, supo decir Montoya en su momento.

Desde la dirigencia no opinan. Sorprendidos sin dudas porque después de muchos años de estabilidad y paz en este proceso, es el primer inconveniente interno o mejor dicho, a nivel político que reciben. La mesura y la compostura los acompañan a la hora de declarar. Pero está claro que la venta de Rigoni generó más dolores de cabezas que otra cosa, porque también movió el avispero incluso entre los nuevos pares de comisión y el propio Pérez, ejecutor de la operación. Pero será cuestión de esperar el desgloce general en función de conocer por qué a Belgrano le ingresaron 2.100.000 euros cuando la operación fue mínimo de 8 millones de euros. El hecho de que Independiente haya tenido los derechos federativos es un aliciente en contra, porque los Moyano, hijo y padre, históricos secretarios de la CGT no son huesos fáciles de roer a la hora de negociar…

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